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Investigan al dueño de la parcela dónde está el pozo en el que cayó Julen y citan como testigo al pocero

Autopsia de Julen: presenta un golpe en la cabeza y “politraumatismos compatibles con la caída”

La Guardia Civil investiga el tapón de tierra del pozo

Así se excavó durante horas para llegar al niño

Desolación entre los rescatadores

El dueño de la finca: “El día que cayó yo había tapado el pozo con dos bloques de hormigón”
La Fiscalía de Málaga considera como investigado por un presunto delito de homicidio imprudente al dueño de la finca donde cayó a un pozo el pequeño Julen hace ahora un mes, mientras que de momento ha pedido la citación sólo como testigo del pocero que se encargó de su perforación y supuesto sellado.

En un auto al que ha tenido acceso EL MUNDO, la Fiscalía de Málaga solicita al Juzgado de Instrucción número 9 de la provincia que cite al dueño de la parcela dónde está el pozo en el cayó Julen en calidad de investigado por un delito de homicidio imprudente. Así, la responsabilidad penal de lo ocurrido se dirige en principio únicamente hacia David Serrano, amigo de la familia que organizó una paella aquel domingo 13 de enero para celebrar precisamente la adquisición de los terrenos.

A la vista de las diligencias de la investigación aportadas por la Guardia Civil, el fiscal estima que “ya se pueden hacer varias hipótesis de los momentos previos a la fatal caída” de Julen al pozo, y por tanto, “procede depurar, si es que las hubiere, las responsabilidades penales de las personas intervinientes”.

De este modo insta al Juzgado a tomar declaración como testigos a una docena de personas , entre ellas los padres del pequeño, el hombre que hizo el pozo, los senderistas que acudieron en primer lugar ante los gritos de auxilio de la familia y varios guardias civiles. Igualmente ha sido llamado como testigo el responsable de realizar la zanja junto al talud que limita el pozo.

Esto se produce después de que la Guardia Civil haya remitido un segundo informe, ampliatorio del primero.
El dueño de la finca dice que tapó el pozo en el que cayó Julen 


En una declaración reciente ante los medios de comunicación, David Serrano relató que el día del accidente él mismo había tapado con dos ladrillos de hormigón el pozo, y que contrató al pocero pensando en que había solicitado los permisos “porque en la mayoría de los casos son los poceros los que realizan esas gestiones”. De hecho, aseguró en su comparecencia que el hombre “dejó el boquete abierto” cuando se marchó.

Además, señaló que advirtió del peligro de que alguien pudiera meter un pie, pero que “jamás” pensó que un niño pudiera caber por ese agujero. “Eso yo nunca me lo voy a perdonar, el que no haya visto ese peligro allí”, aseguró insistiendo en: “Jamás en mi vida pensé que por ahí cabía un niño”.

El equipo jurídico que lo representa defendió en esa rueda de prensa que su cliente “en ningún momento tuvo percepción de ese peligro real”. A través de sus abogados ha intentado tramitar su personación ante el Juzgado de Instrucción “en calidad de parte interesada”, pero fue rechazado inicialmente, aunque la Fiscalía ahora puntualiza que ya se le puede admitir “su personación en la causa como investigado”.

El cuerpo de Julen fue encontrado a las 01.25 horas de la madrugada del sábado 26 de enero por los equipos de rescate que lo buscaban en el pozo de tan sólo 25 centímetros de diámetro y algo más de 70 metros de profundidad.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga abrió unas diligencias primero por la desaparición del niño, en el que se han ido incorporando informes con el fin conocer lo ocurrido y determinar si existen responsabilidades penales.

El primero de los informes incorporado al procedimiento, el 17 de enero, días antes de que fuera localizado el niño, fue del Seprona de la Guardia Civil en el que se detallaban las gestiones realizadas hasta ese momento, incluyendo estudios urbanísticos de la zona.

En dicho informe se indicaban las posibles infracciones en cuanto al pozo, como que las obras no contaban con autorización alguna, las “nulas” medidas de seguridad y los movimientos de tierra en la zona realizados con posterioridad al pozo; así como las declaraciones testificales del que hizo la prospección y del dueño de la finca, en las que aparecerían “contradicciones”.

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