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Condena al líder de Vox en Las Palmas por delito fiscal

Ricardo Baña, actual presidente de la formación política Vox en la provincia de Las Palmas, está apercibido de entrar en prisión si no cumple con las condiciones impuestas por la Sección Primera de la Audiencia Provincial en un auto dictado el 31 de octubre de 2017 después de haber sido condenado en firme por un delito contra la Hacienda Pública. En dicha resolución estimó el recurso de apelación interpuesto por Baña sobre una sentencia de 2016 que le obliga al pago de una deuda tributaria que asciende a 281.539 euros, además de los intereses, en el plazo de dos años, es decir, hasta el 14 de enero de 2021. Vox, al conocer esta noticia, le ha pedido su dimisión inmediata.

Ricardo Baña, que ostenta el cargo más importante de Vox en la provincia de Las Palmas, fue condenado en primera instancia el 26 de julio de 2016 y luego en firme por la Audiencia Provincial el 28 de junio de 2017, por haber cometido un delito contra la Hacienda Pública cuando era administrador mancomunado junto a Jorge Javier Pousada –también penado en los mismos términos– de la sociedad Ibertowers Canarias SL.

Según el fallo, ambos administradores otorgaron en 2003 poderes a una tercera persona para comprar y vender en nombre de Ibertowers Canarias SL. Este apoderado adquirió una parcela en Montaña del Dinero (Antigua, Fuerteventura) por 322.880 euros y, el mismo día, la misma persona concedió a Galhabitat SA una opción de compra sobre la citada parcela, pactándose como precio 490.000 euros que, en caso de llevarse a cabo, sería parte del precio de la misma que quedó fijado en 1,4 millones. El 15 de diciembre de 2004, Galhabitat SA ejerció su derecho de compra y adquirió la finca por el precio acordado.

Una vez consumada esta rentable operación, Baña y Pousada, que además de administradores eran los socios a partes iguales de Ibertowers Canarias, SL, vendieron sus participaciones y quedaron desvinculados de la entidad, sin dejar constancia en los libros contables de esta compra y posterior venta de la parcela a fin de evitar su tributación. Tales operaciones reportaron a la entidad unos beneficios de 877.120 euros sujetos a tributación y que fueron omitidos en la declaración del impuesto de sociedades, presentado fuera de plazo el 18 de noviembre de 2005. La inclusión de tales beneficios en la base imponible del Impuesto de Sociedades arrojó una cuota debina y no ingresada, con el consiguiente perjuicio para el erario público de 281.539 euros.

Por este motivo, el Juzgado de lo Penal 6 en primera instancia y la Sección Primera en apelación, condenaron a Baña y Pousada a dos años de prisión, inhabilitación para sufragio pasivo y una multa del duplo de la cantidad defraudada (563.078 euros entre los dos) que, de no ser abonada se sustituiría por seis meses más de cárcel.

Aunque en primera instancia, el Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria dictó un auto de ingreso inmediato en prisión de Ricardo Baña al comprobar que no había pagado aún la multa impuesta en sentencia firme, la Audiencia Provincial estimó un recurso de apelación y revocó el mismo, concediéndole la suspensión de la pena privativa de libertad con condiciones.

Baña, que es delincuente primario, mostró interés en su recurso en hacer efectiva la deuda tributaria que asciende a 282.539, si bien indicó que carecía de trabajo e ingresos periódicos. A pesar de estas circunstancias, aludió a que tenía en propiedad dos locales en un centro comercial de Pontevedra. Aunque la Audiencia Provincial reconoció en el auto desconocer el valor de los mismos y las posibilidades reales de traducirse en una suma dineraria suficiente para dar efectivo cumplimiento a la responsabilidad civil derivada, dicha información se consideró como un primer compromiso dirigido a reparar el daño causado a las arcas públicas. «Compromiso que debe no solo materializarse en un tiempo prudencial, sino que además ha de ser suficiente para afrontar la totalidad de la deuda tributaria, incluidos los intereses devengados», sostiene la resolución. Por este motivo, la Sección Primera concedió a Baña el beneficio de suspensión de la ejecución de la pena de dos años de cárcel por un plazo de tres si cumple dos condiciones. La primera es la de no delinquir durante los próximos tres años y, la segunda, abonar la totalidad de la responsabilidad civil impuesta –281.539 euros, más intereses–, lo que deberá hacer el penado en un plazo que no podrá superar los dos años, es decir, antes del 14 de enero de 2021.

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